Lincoln, Nebraska — Un nuevo informe de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés) de Nebraska describe un panorama sombrío acerca de las experiencias de las personas en el juzgado de inmigración de Omaha, un juzgado que ya es conocido como uno de los más difíciles del país para los solicitantes de asilo.
La organización de derechos civiles afirma que con base a observaciones en persona de más de 500 audiencias demuestran que los jueces del juzgado de inmigración de Omaha rutinariamente están poniendo en peligro los derechos de debido proceso de las personas.
El informe destaca cuatro áreas específicas preocupantes, incluyendo la corta duración de las audiencias, la falta de consejo consistente por parte de los jueces sobre los derechos de las personas, los deficientes servicios de interpretación y el alto número de casos sin representación de abogados.
Entre los puntos principales se encuentran:
- El proyecto se centró en audiencias previas al juicio que pueden abarcar documentos procesales, programación y otros asuntos técnicos. La duración promedio de la audiencia observada fue de menos de cuatro minutos, un ritmo acelerado para cubrir todos los pasos requeridos en una audiencia.
- Los jueces informaron a las personas sobre sus derechos solo en el 18% de las audiencias observadas. En la mayoría de los casos, esto implicaba leer los derechos a todas las personas en un grupo en lugar de hacerlo individualmente.
- Los juzgados de inmigración están obligados a proporcionar interpretación en el idioma preferido del individuo que comparece a una audiencia sin costo alguno para él. El juzgado falló con frecuencia en proporcionar interpretación en lenguas indígenas de Centroamérica. Esto afectó aproximadamente a cuatro de cada cinco personas que preferían hablar en una lengua indígena de Centroamérica.
- En alrededor de una de cada cinco audiencias observadas, el individuo no estaba representado por un abogado.
En el juzgado de inmigración de Omaha, tres jueces llevan a cabo audiencias de casos, y todos anteriormente trabajaron como abogados de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés). Los hallazgos del informe incluyen principalmente observaciones de casos de personas que no estaban detenidas ante la Jueza Alexandra Larsen y la Jueza Abby Meyer. Los requisitos de acceso a la sala de audiencias hicieron que fuera poco factible observar casos de individuos detenidos, principalmente presididos por el Juez Matthew Morrissey.
El Becario Jurídico de la ACLU de Nebraska Dylan Severino, quien fue el autor principal del informe, hizo esta declaración sobre los hallazgos del proyecto:
"La ley federal garantiza una audiencia de expulsión completa y justa para todos los inmigrantes, incluyendo a nuestros amigos, familiares y vecinos con casos ante el juzgado de inmigración de Omaha", declaró Severino. "Lo que vimos dista mucho de cumplir esa garantía. En este informe, ofrecemos recomendaciones a los jueces de inmigración y a los responsables de políticas federales, estatales y locales que podrían contribuir en gran medida a garantizar el debido proceso y una oportunidad justa para las miles de personas con casos pendientes ante el juzgado de inmigración de Omaha. La conclusión es que se necesita tomar medidas para abordar los problemas que encontramos y ayudar a más personas a quedarse en Nebraska, arraigarse y seguir fortaleciendo nuestras comunidades".
Las recomendaciones del informe van desde ajustes pequeños, como utilizar servicios de interpretación telefónica cuando sea necesario, hasta acciones importantes por parte del Congreso, como aprobar una reforma migratoria integral y restablecer el sistema de tribunales de inmigración como un sistema judicial independiente en lugar de una función del Departamento de Justicia. El informe también sugiere que los gobiernos estatales y locales consideren la creación de programas para garantizar la representación legal en los procedimientos judiciales de inmigración. Más de 50 de estos programas existen en todo el país.
Alrededor de un año de trabajo precedió a la publicación del informe. Un equipo de estudiantes de posgrado y de derecho recopiló datos para este proyecto entre abril y agosto de 2023.
Posteriormente, el Laboratorio de Toma de Decisiones Jurídicas de la Universidad Nebraska-Lincoln analizó los datos.
